Hoy ha comenzado a operar Guadacano, el parque fotovoltaico de Ignis que inició la "invasión" fotovoltaica de Cartaojal. Uno de los proyectos que dan forma al macroproyecto "Frankenstein" que ocupará el entorno de nuestro pueblo, durante las próximas décadas, ocupándolo con un mar de placas y dejando más perjuicios que beneficios para la zona.
Este proyecto dejará al Ayuntamiento de Antequera, según datos de la propia empresa, unos 486.000€ de ICIO en un pago único, 74.000€ de prestación compensatoria y 97.000€ por tasa urbanística también en un pago único al inicio de las obras. Por otro lado, el Ayuntamiento de Antequera recibirá anualmente 60.000€ de IAE y unos 60.000€ de BICES. Algo que la empresa entiende como una oportunidad para la zona pero que queda muy lejos de la realidad por no haber creado el Ayuntamiento de Antequera un plan para compensar con ese dinero los perjuicios ocasionados por estos proyectos. Y estamos hablando sólo de la mitad de un parque ya que la otra mitad corresponde al Ayuntamiento de Archidona. Aún quedan, al menos, 3 parques fotovoltaicos en las cercanías de Cartaojal y otros 4 a varios kilómetros. Nuestro entorno se ha convertido en un buen negocio para nuestros gobernantes más cercanos.
Hace unos meses, los vecinos de nuestro pueblo crearon una plataforma contra esta masificación de proyectos fotovoltaicos en nuestro entorno pero sus protestas sólo han servido para poner en evidencia la palabra del Alcalde de Antequera que en un principio dijo que no iba a permitir que eso se hiciera en Cartaojal.
En el mejor de los casos, Cartaojal se enfrenta a una "condena" de entre 25 y 35 años de un entorno tintado por el negro fotovoltaico.
Pero una vez destrozado nuestro entorno, se puede dar una situación aún más dantesca con el riesgo de que todo quede convertido en un vertedero fotovoltaico si se avanza en el descubrimiento de nuevas energías que pueden dejar obsoletos los proyectos fotovoltaicos.
Se está destrozando una zona rural para para pagar los pecados energéticos de las grandes urbes y el dinero, que debería compensar con mejoras en instalaciones y planes de empleo estos atentados contra un modo de vida, se va para otro lado.